A menudo escuchamos a los líderes políticos decir que el gasto social se mantendrá a pesar de la crisis económica. O que los recientes recortes realizados por el decretazo del Gobierno no van a afectar al gasto público en materia social. El presente artículo, de la Fundació Arrels, pone de relieve que la inversión social en España es muy inferior a la media europea y los perjuicios que puede causar la medida adoptada por el Congreso.
Cabe decir, como ya señala Gustavo García Herrero, que no es lo mismo gasto social que inversión social. El primero se basa en los recursos que se destinan a una finalidad social a fondo perdido, es decir, sin esperar una rentabilidad o una ganancia posterior. Mientras que del segundo, se espera rentabilidad posterior en forma de empleo, riqueza o bienestar.
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España, a la cola en inversión social tras los recortes
El pasado 27 de mayo, el Congreso de los Diputados aprobó un plan de ajuste económico contra la crisis propuesto por el Gobierno español que prevé ahorrar hasta 15.000 millones de euros en 2010 y 2011. La iniciativa quiere reducir costes pero a cambio de recortes en políticas sociales que afectarán a población vulnerable y que, ya antes de la crisis económica, estaba en riesgo de exclusión social.
En diferentes sectores la percepción es que España ya invierte suficientes recursos en política social. Pero nada más lejos de la realidad. Esta percepción es falsa y los recortes aprobados en el Congreso aumentarán todavía más la brecha en inversión en bienestar social. En el Estado español, el 19% de la población vive en situación de pobreza y, según datos de Eurostat, el país ocupa en la actualidad el lugar 16 en porcentaje del PIB dedicado a protección social en la UE. La media europea se sitúa en el 27,17% mientras que la inversión española en política social significa el 21,06% del PIB. En Catalunya, con un riesgo de pobreza del 16,6%, el gasto representa el 17,8% del PIB catalán, según datos de IdesCat de los años 2008 y 2007.
La inversión en protección social del Gobierno español se centra sobre todo en prestaciones para el paro y la jubilación. Según Eurostat, el Estado español es el segundo país de la Unión en inversión del PIB en prestaciones para desempleados. A la cola se encuentra la inversión en medidas contra la exclusión social y en vivienda, que supondrían abordar cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales, como situaciones graves de sinhogarismo y vivienda inadecuada.
Entre las medidas de ajuste económico aprobadas por el Congreso destacan dos: la suspensión de la revalorización de las pensiones en 2011 y la eliminación de la retroactividad en las prestaciones de la Ley de Dependencia. Aun cuando el Gobierno ha asegurado que no se tocarán las pensiones más bajas (las no contributivas, las contributivas que reciben complementos de mínimos y las del antiguo régimen del SOVI no concurrentes con otras), la situación no deja de ser preocupante: por un lado, las pensiones más bajas no superan el umbral de la pobreza y, por otro, con la suspensión de la revalorización se pierde la oportunidad de usar las pensiones como herramienta para disminuir a la larga el riesgo de caer en la pobreza.
Asimismo, la decisión de eliminar la retroactividad en las prestaciones de la Ley de Dependencia incidirá negativamente en la situación económica de muchas familias y, además, la mayoría de especialistas consideran que los seis meses de plazo para resolver las solicitudes son inviables.
Ante esta situación, la Fundació hace una serie de propuestas, basadas en el sentido común y la justicia social. Se pueden consultar en su página web, en el enlace inferior.
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FUENTES:
http://www.publico.es/espana/313091/ajuste/toque/gasto/social/posible
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